Las empresas del caso Gürtel trabajaron en seis municipios de la Región
La sociedad Grupo Cívica, implicada en la financiación irregular del PP valenciano, obtuvo un contrato de 3.800.000 euros para unas obras del Plan E en Cartagena
Las tres empresas implicadas en la presunta financiación irregular del PP valenciano que trabajaron en la Región obtuvieron contratos de obra pública, al menos, en seis ayuntamientos murcianos. Se trata de los municipios de Murcia, Cartagena, Mazarrón, Totana, Aledo y Pliego. Uno de los casos más sonados parece ser el de la sociedad Enrique Ortiz e Hijos S.L -denominada en la actualidad Grupo Cívica-. En el ayuntamiento murciano, esta mercantil fue la adjudicataria del tramo experimental del tranvía. Pero no sólo eso. Esta empresa es la encargada del polémico proyecto de la nueva plaza de abastos de Mazarrón.Además, en abril de este año, el ayuntamiento de Cartagena le adjudicó las obras de reforma de la calle Real, financiada con fondos del Plan E. En concreto, en el proyecto figura un importe de adjudicación definitiva por valor de 3.800.000 euros. Otra de las empresas vinculadas a la Gürtel, Sedesa, obtuvo la concesión para la construcción de la Ronda Transversal de la ciudad portuaria.Los otros municipios en los que trabajan o han trabajado las empresas vinculadas a la trama Gürtel son Totana, Aledo y Pliego. La sociedad Facsa -que supuestamente colaboró también en la financiación irregular del PP- obtuvo, entre los años 2004 y 2007, la gestión y mantenimiento de los servicios de depuración de aguas. En este caso, los contratos fueron otorgados por la Entidad Regional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales, organismo dependiente de la Consejería de Agricultura y Agua. Estas tres sociedades -Grupo Cívica, Sedesa y Facsa-, junto a las valencianas Lubasa y Piaf, figuran en el informe de la Unidad de Blanqueo de Capitales de la Policía como sospechosas de haber contribuido a la financiación irregular del PP valenciano. En el caso del Grupo Cívica, por ejemplo, los investigadores recogen tres pagos a Orange Market -vinculada al cerebro de la trama, Francisco Correa- por 215.848 euros.
La sociedad Grupo Cívica, implicada en la financiación irregular del PP valenciano, obtuvo un contrato de 3.800.000 euros para unas obras del Plan E en Cartagena
Las tres empresas implicadas en la presunta financiación irregular del PP valenciano que trabajaron en la Región obtuvieron contratos de obra pública, al menos, en seis ayuntamientos murcianos. Se trata de los municipios de Murcia, Cartagena, Mazarrón, Totana, Aledo y Pliego. Uno de los casos más sonados parece ser el de la sociedad Enrique Ortiz e Hijos S.L -denominada en la actualidad Grupo Cívica-. En el ayuntamiento murciano, esta mercantil fue la adjudicataria del tramo experimental del tranvía. Pero no sólo eso. Esta empresa es la encargada del polémico proyecto de la nueva plaza de abastos de Mazarrón.Además, en abril de este año, el ayuntamiento de Cartagena le adjudicó las obras de reforma de la calle Real, financiada con fondos del Plan E. En concreto, en el proyecto figura un importe de adjudicación definitiva por valor de 3.800.000 euros. Otra de las empresas vinculadas a la Gürtel, Sedesa, obtuvo la concesión para la construcción de la Ronda Transversal de la ciudad portuaria.Los otros municipios en los que trabajan o han trabajado las empresas vinculadas a la trama Gürtel son Totana, Aledo y Pliego. La sociedad Facsa -que supuestamente colaboró también en la financiación irregular del PP- obtuvo, entre los años 2004 y 2007, la gestión y mantenimiento de los servicios de depuración de aguas. En este caso, los contratos fueron otorgados por la Entidad Regional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales, organismo dependiente de la Consejería de Agricultura y Agua. Estas tres sociedades -Grupo Cívica, Sedesa y Facsa-, junto a las valencianas Lubasa y Piaf, figuran en el informe de la Unidad de Blanqueo de Capitales de la Policía como sospechosas de haber contribuido a la financiación irregular del PP valenciano. En el caso del Grupo Cívica, por ejemplo, los investigadores recogen tres pagos a Orange Market -vinculada al cerebro de la trama, Francisco Correa- por 215.848 euros.
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