Obras Públicas investiga el uso vacacional de una promoción de viviendas de protección oficial en Puerto de Mazarrón
La Verdad de Murcia
Mazarrón celebró como un acontecimiento a finales de 2007 la conclusión de las primeras 18 viviendas de protección oficial de su historia. Dos años después, sólo un inquilino ocupa estas viviendas de forma habitual y permanente, como establece la legislación sobre las VPO. El resto de los pisos, según han denunciado reiteradamente vecinos y oposición municipal, son empleados por sus adjudicatarios como segunda residencia para fines de semana esporádicos y vacaciones.
'La Verdad' comprobó hace unos días el estado de las viviendas, tres bloques de seis pisos cada uno, situados en las calles Albaicín y Sacromonte, en la zona de El Juncal de Puerto de Mazarrón. Era un viernes al mediodía. Llamó desde el portero electrónico a todas las casas, pero sólo respondieron en una. Las persianas bajadas y la inexistencia de automóviles aparcados tanto en la calle como en los garajes delataba la ausencia de vecinos.
La Dirección General de Vivienda, tras ser preguntada por este diario sobre la situación de estas VPO, envío a un inspector a las viviendas tres días después y se encontró con el mismo panorama: nadie en las 18 viviendas respondió a sus llamadas.
Denuncia pública
PSOE e IU llevan desde hace un año denunciando públicamente este caso. «De las 18 viviendas sólo una está ocupada por una joven del pueblo. Otras dos siguen a nombre de la promotora y están sin adjudicar, y las 15 restantes sólo son utilizadas en verano, los puentes o los fines de semana que hace buen tiempo», declara Francisco García, portavoz municipal socialista.
Para certificar su denuncia, el PSOE ha tomado referencias de los contadores de la luz de las viviendas y ha comprobado que sólo existe consumo de energía en fechas muy concretas, como son los meses estivales, Semana Santa y algunos fines de semana. «Esta promoción sólo ha servido para que algunos pocos privilegiados tengan hoy un coqueto piso de verano a 50 metros de la playa», ha comentado David Fernández, de IU.
Suelo público
Los terrenos que ocupan las VPO eran propiedad del Ayuntamiento de Mazarrón, que los cedió al Instituto de Vivienda de la Comunidad Autónoma para desarrollar una promoción dentro del Plan de Vivienda Joven 2005-2008. El Instituto de Vivienda, a su vez, adjudicó los terrenos a la promotora Vipamur, S. A. para que construyera las viviendas.
Una placa en la fachada de uno de los bloques deja constancia de que las viviendas fueron inauguradas el 13 de diciembre de 2007 por el presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel.
Juan Francisco López, presidente de la asociación de vecinos de El Juncal, se muestra extrañado de la situación en que se encuentran las VPO. «Es una cosa rara, porque aquí sólo vienen cuatro o cinco familias de cuando en cuando», declara a 'La Verdad'. Aunque al representante vecinal también le preocupan otras cuestiones: «El barrio está abandonado; no se limpia, las farolas están sin bombillas y no entiendo cómo han construido estas viviendas sobre una cañada, que es la salida de agua de las antiguas salinas. Como consecuencia de ello, los garajes se inundan continuamente».
La promotora se lava las manos. Según Vipamur, las viviendas se adjudicaron «por orden de petición» de los demandantes y todos cumplían los requisitos exigidos en la reglamentación. «Si no los cumplieran no se habría podido firmar el contrato, porque nosotros mandamos toda la documentación a Vivienda y para formalizar la compraventa la Dirección General antes debía dar el visto bueno», indica la misma fuente de la promotora, que prefirió no dar su nombre.
Vipamur, radicada en la ciudad de Murcia, confirma que aún le quedan dos viviendas de protección oficial en Puerto de Mazarrón sin adjudicar porque «no hay nadie que las quiera».
El PSOE no comparte esta afirmación. Francisco García señala que alguna pareja del municipio se ha interesado por estas viviendas protegidas que siguen sin adjudicar y fue la promotora la que se negó a vendérselas.
En Mazarrón, los que conocen el caso están indignados por el hecho de que unas viviendas construidas sobre terreno municipal y subvencionadas por la Comunidad Autónoma sean utilizadas como segunda residencia, cuando la finalidad era facilitar el acceso a su primera vivienda a jóvenes o familias de escasos recursos económicos.
Según la Dirección General de Vivienda y la promotora Vipamur, los adjudicatarios de los pisos cumplían inicialmente todos los requisitos que exigía la ley, tanto por su nivel de ingresos, como por su edad, su lugar de empadronamiento y por el hecho de no tener otro piso en propiedad.
Sin embargo, una vez escriturada la vivienda, supuestamente han incumplido una de las principales exigencias legales: que la vivienda sea empleada como residencia habitual y permanente.
El director general de Vivienda, Antonio Navarro, ha ordenado la apertura de una investigación como paso previo a la incoación de un expediente sancionador contra los propietarios, a los que considera responsables del mal uso dado a los pisos.
Si el expediente se resuelve en contra de los inquilinos, la Dirección General de Vivienda podría descalificar las viviendas como de protección oficial, exigirles la devolución de las subvenciones percibidas, que rondan entre los 3.000 y 6.000 euros, y además imponerles una multa económica.
Los tres bloques de viviendas que están siendo investigados por la Administración regional se encuentran en una tranquila zona de Puerto de Mazarrón. Situadas en un barrio exclusivamente residencial, donde predominan las viviendas unifamiliares de dos plantas y jardín, son de los pocos edificios de tres alturas que hay en los alrededores.
Se encuentran a unos cien metros de Playa Grande, y al lado de unos campos abandonados con restos de antiguos invernaderos.
Trastero y garaje
Las viviendas poseen una superficie de entre 59 y 90 metros cuadrados, incluyen trastero y plaza de garaje y su precio rondaba los 108.000 euros. Se trata, según la placa gris de la fachada que identifica a las promociones de VPO, del expediente nº J26/2005.
En la ventana de uno de los bloques se puede leer un anuncio que ofrece la venta de una plaza de garaje y un teléfono de contacto.
Según un vecino, que prefiere no dar su nombre, en uno de los pisos están viviendo de alquiler desde hace unas semanas tres policías locales.
Durante casi la hora y media que 'La Verdad' permanece ante las viviendas, haciendo fotos del lugar y hablando con vecinos, nadie entra o sale de los tres bloques, a excepción de la única joven que reside en ellos. Es muy probable que durante el puente del día de la Constitución haya más movimiento si, como se prevé, predomina el buen tiempo.
Antonio Navarro asegura que la promoción de VPO de Puerto de Mazarrón «es un caso aislado», ya que no recuerda que su departamento haya tenido que descalificar ninguna vivienda protegida por incumplir los requisitos legales.
«Lo que sí se da -explica-, aunque en muy pequeña proporción, es el caso de quienes han adquirido una vivienda protegida y solicitan que se descalifique, previa devolución de las ayudas públicas que han recibido, porque les interesa venderla por razones personales».
De la vivienda. La legislación vigente establece que debe destinarse a domicilio habitual y permanente.
De los adquirientes. Tener menos de 35 años, puesto que la promoción pertenecía al Plan de Vivienda Joven.
Ingresos. No superar 6,5 veces el IPREM, cifrado para 2006 en 5.990,40 euros anuales.
Propiedades. Los beneficiarios no deben disponer de otra vivienda en propiedad.
Padrón. Estar empadronados en un municipio de la Región.
'La Verdad' comprobó hace unos días el estado de las viviendas, tres bloques de seis pisos cada uno, situados en las calles Albaicín y Sacromonte, en la zona de El Juncal de Puerto de Mazarrón. Era un viernes al mediodía. Llamó desde el portero electrónico a todas las casas, pero sólo respondieron en una. Las persianas bajadas y la inexistencia de automóviles aparcados tanto en la calle como en los garajes delataba la ausencia de vecinos.
La Dirección General de Vivienda, tras ser preguntada por este diario sobre la situación de estas VPO, envío a un inspector a las viviendas tres días después y se encontró con el mismo panorama: nadie en las 18 viviendas respondió a sus llamadas.
Denuncia pública
PSOE e IU llevan desde hace un año denunciando públicamente este caso. «De las 18 viviendas sólo una está ocupada por una joven del pueblo. Otras dos siguen a nombre de la promotora y están sin adjudicar, y las 15 restantes sólo son utilizadas en verano, los puentes o los fines de semana que hace buen tiempo», declara Francisco García, portavoz municipal socialista.
Para certificar su denuncia, el PSOE ha tomado referencias de los contadores de la luz de las viviendas y ha comprobado que sólo existe consumo de energía en fechas muy concretas, como son los meses estivales, Semana Santa y algunos fines de semana. «Esta promoción sólo ha servido para que algunos pocos privilegiados tengan hoy un coqueto piso de verano a 50 metros de la playa», ha comentado David Fernández, de IU.
Suelo público
Los terrenos que ocupan las VPO eran propiedad del Ayuntamiento de Mazarrón, que los cedió al Instituto de Vivienda de la Comunidad Autónoma para desarrollar una promoción dentro del Plan de Vivienda Joven 2005-2008. El Instituto de Vivienda, a su vez, adjudicó los terrenos a la promotora Vipamur, S. A. para que construyera las viviendas.
Una placa en la fachada de uno de los bloques deja constancia de que las viviendas fueron inauguradas el 13 de diciembre de 2007 por el presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel.
Juan Francisco López, presidente de la asociación de vecinos de El Juncal, se muestra extrañado de la situación en que se encuentran las VPO. «Es una cosa rara, porque aquí sólo vienen cuatro o cinco familias de cuando en cuando», declara a 'La Verdad'. Aunque al representante vecinal también le preocupan otras cuestiones: «El barrio está abandonado; no se limpia, las farolas están sin bombillas y no entiendo cómo han construido estas viviendas sobre una cañada, que es la salida de agua de las antiguas salinas. Como consecuencia de ello, los garajes se inundan continuamente».
La promotora se lava las manos. Según Vipamur, las viviendas se adjudicaron «por orden de petición» de los demandantes y todos cumplían los requisitos exigidos en la reglamentación. «Si no los cumplieran no se habría podido firmar el contrato, porque nosotros mandamos toda la documentación a Vivienda y para formalizar la compraventa la Dirección General antes debía dar el visto bueno», indica la misma fuente de la promotora, que prefirió no dar su nombre.
Vipamur, radicada en la ciudad de Murcia, confirma que aún le quedan dos viviendas de protección oficial en Puerto de Mazarrón sin adjudicar porque «no hay nadie que las quiera».
El PSOE no comparte esta afirmación. Francisco García señala que alguna pareja del municipio se ha interesado por estas viviendas protegidas que siguen sin adjudicar y fue la promotora la que se negó a vendérselas.
En Mazarrón, los que conocen el caso están indignados por el hecho de que unas viviendas construidas sobre terreno municipal y subvencionadas por la Comunidad Autónoma sean utilizadas como segunda residencia, cuando la finalidad era facilitar el acceso a su primera vivienda a jóvenes o familias de escasos recursos económicos.
Según la Dirección General de Vivienda y la promotora Vipamur, los adjudicatarios de los pisos cumplían inicialmente todos los requisitos que exigía la ley, tanto por su nivel de ingresos, como por su edad, su lugar de empadronamiento y por el hecho de no tener otro piso en propiedad.
Sin embargo, una vez escriturada la vivienda, supuestamente han incumplido una de las principales exigencias legales: que la vivienda sea empleada como residencia habitual y permanente.
El director general de Vivienda, Antonio Navarro, ha ordenado la apertura de una investigación como paso previo a la incoación de un expediente sancionador contra los propietarios, a los que considera responsables del mal uso dado a los pisos.
Si el expediente se resuelve en contra de los inquilinos, la Dirección General de Vivienda podría descalificar las viviendas como de protección oficial, exigirles la devolución de las subvenciones percibidas, que rondan entre los 3.000 y 6.000 euros, y además imponerles una multa económica.
Los tres bloques de viviendas que están siendo investigados por la Administración regional se encuentran en una tranquila zona de Puerto de Mazarrón. Situadas en un barrio exclusivamente residencial, donde predominan las viviendas unifamiliares de dos plantas y jardín, son de los pocos edificios de tres alturas que hay en los alrededores.
Se encuentran a unos cien metros de Playa Grande, y al lado de unos campos abandonados con restos de antiguos invernaderos.
Trastero y garaje
Las viviendas poseen una superficie de entre 59 y 90 metros cuadrados, incluyen trastero y plaza de garaje y su precio rondaba los 108.000 euros. Se trata, según la placa gris de la fachada que identifica a las promociones de VPO, del expediente nº J26/2005.
En la ventana de uno de los bloques se puede leer un anuncio que ofrece la venta de una plaza de garaje y un teléfono de contacto.
Según un vecino, que prefiere no dar su nombre, en uno de los pisos están viviendo de alquiler desde hace unas semanas tres policías locales.
Durante casi la hora y media que 'La Verdad' permanece ante las viviendas, haciendo fotos del lugar y hablando con vecinos, nadie entra o sale de los tres bloques, a excepción de la única joven que reside en ellos. Es muy probable que durante el puente del día de la Constitución haya más movimiento si, como se prevé, predomina el buen tiempo.
Antonio Navarro asegura que la promoción de VPO de Puerto de Mazarrón «es un caso aislado», ya que no recuerda que su departamento haya tenido que descalificar ninguna vivienda protegida por incumplir los requisitos legales.
«Lo que sí se da -explica-, aunque en muy pequeña proporción, es el caso de quienes han adquirido una vivienda protegida y solicitan que se descalifique, previa devolución de las ayudas públicas que han recibido, porque les interesa venderla por razones personales».
De la vivienda. La legislación vigente establece que debe destinarse a domicilio habitual y permanente.
De los adquirientes. Tener menos de 35 años, puesto que la promoción pertenecía al Plan de Vivienda Joven.
Ingresos. No superar 6,5 veces el IPREM, cifrado para 2006 en 5.990,40 euros anuales.
Propiedades. Los beneficiarios no deben disponer de otra vivienda en propiedad.
Padrón. Estar empadronados en un municipio de la Región.
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